Se describe el "plan de impunidad" de Cristina Kirchner, que busca socavar la justicia y evitar la rendición de cuentas, calificándolo como una coartada para no explicar lo inexplicable, como la adquisición de propiedades por parte de Lázaro Báez.
Se mencionan intentos de reformas judiciales para controlar la justicia, crear comisiones para analizar a la Corte Suprema presididas por abogados de la expresidenta, y presiones, operaciones, espionaje y juicios políticos contra magistrados y fiscales.
Se recuerda la presión ejercida por el expresidente Alberto Fernández sobre el fiscal Luciani y se califica la situación como un proyecto personalista y autocrático que busca taponar la renovación política dentro del espacio kirchnerista.