Se analiza la presentación de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, considerándola una estrategia más política que jurídica. Se cuestiona la efectividad de este recurso, dado que el comité no tiene carácter vinculante ni jurisdiccional.
Se explica que la condena firme en Argentina, que incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tiene autoridad de cosa juzgada y no puede ser revisada por otros tribunales nacionales. La justicia electoral argentina sería la encargada de oficializar candidaturas, y la inhabilitación impediría la participación de Kirchner.
Expertos legales coinciden en que el Comité de Derechos Humanos de la ONU no puede revocar sentencias judiciales argentinas ni habilitar candidaturas. La estrategia buscaría mantener vivo un relato político, más allá de las escasas posibilidades procesales.
Se menciona que el plazo para recurrir al sistema interamericano de protección de derechos ya ha vencido, limitando aún más las opciones legales.