Se informa sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, resultando en una inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos. Se critica la idea de que el personalismo pueda primar sobre el orden público y el Estado de Derecho.
Se enfatiza que la inhabilitación especial perpetua está contemplada en el código penal argentino, incluso como una figura que fue incorporada durante el gobierno de la propia Cristina Fernández de Kirchner, lo que genera un argumento adicional contra su reclamo.