El debate se centró en la inhabilitación de Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos y la detención domiciliaria, presentadas como consecuencias de una sentencia condenatoria. Se enfatizó que el fallo del 6 de diciembre de 2022 no se basó en su condición de mujer o expresidenta, sino en el uso de su cargo para beneficio personal.
Se aclaró que la defensa de Kirchner apeló la sentencia pero solo respecto a la pena de prisión, no a la inhabilitación, la cual quedó consentida. Se cuestionó la estrategia de apelar ahora la inhabilitación.
Se subrayó que la causa involucró a 17 funcionarios judiciales, desvirtuando la tesis del "lawfare". Se comparó con el caso de Lula, señalando diferencias fundamentales en los procesos jurídicos.