Cristina Kirchner se presentará ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para denunciar que su condena por la causa Vialidad y su "proscripción" constituyen una violación a sus derechos humanos y civiles. La exmandataria argumentará que su inhabilitación para ejercer cargos públicos afecta también a los electores que no la tienen como opción.
La presentación ante el comité, que no tiene carácter vinculante en el sistema jurídico argentino, busca obtener una observación estatal que revise su situación. Sin embargo, existen dudas sobre la admisibilidad de la denuncia, ya que la presentación se realiza fuera del plazo de seis meses posterior a la sentencia firme.
Se descarta que el caso de Kirchner sea comparable con los de Lula da Silva o Dilma Rousseff, quienes enfrentaron acusaciones y procesos distintos. La defensa de Kirchner insiste en la tesis de "persecución por ser mujer", pero se argumenta que los jueces y fiscales involucrados en su condena fueron designados durante su gobierno y el de su esposo.
La causa Vialidad ya pasó por todas las instancias judiciales en Argentina, culminando con la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, se considera que la presentación ante la ONU no alterará su condición de condenada por corrupción con sentencia firme.