Se analiza la estrategia de la defensa de Cristina Kirchner para mantener viva la posibilidad de su candidatura, a través de un planteo ante el Comité de Derechos Humanos. Se considera que este movimiento es más político que jurídico, buscando sostener un relato de cara a las próximas elecciones.
Se enfatiza que el Comité de Derechos Humanos no tiene competencia para revocar sentencias de la Corte Suprema argentina ni para ordenar directamente la habilitación de un candidato. El antecedente de Lula da Silva se menciona como ejemplo de que las decisiones del comité no tienen mecanismos de ejecución directa.
La defensa de Kirchner argumenta que la inhabilitación perpetua no es aceptada por la ONU, pero los análisis jurídicos sugieren que esta vía tiene pocas chances de éxito y que la condena firme en Argentina es inamovible.
Se plantea que el verdadero objetivo es político: mantener viva la expectativa de candidatura para influir en la discusión interna del peronismo y posicionarse estratégicamente.