Se detalla una estrategia legal impulsada por Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, buscando anular su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La presentación, a cargo de los abogados Rafael Balín (quien defendió a Lula da Silva) y Javier Borrego (abogado de Marine Le Pen), se basa en la normativa internacional que desaconseja las inhabilitaciones perpetuas.
Se argumenta que la condena de Cristina Kirchner, similar a la de Lula, busca sacarla de la arena política. El Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene antecedentes de fallos en contra de inhabilitaciones perpetuas, lo que daría solidez al pedido.
La estrategia también incluye un pedido cautelar para que la Corte Suprema de Argentina sea ampliada a cinco miembros y se suspenda la inhabilitación de Kirchner hasta que se resuelva el fondo del asunto. Los abogados esperan una resolución del Comité en el segundo semestre, aunque el análisis de fondo podría demorar entre dos y tres años.