Se cuestiona el pedido de Cristina Kirchner de modificar las condiciones de su detención domiciliaria, argumentando que goza de un beneficio otorgado por la justicia y no puede imponer condiciones.
Se señala que la expresidenta fue juzgada bajo el debido proceso y que sus pedidos ante la ONU, que se encarga de tragedias internacionales, son inconsistentes con su situación legal.
Se enfatiza que "cosa juzgada es cosa juzgada" y que la justicia debe prevalecer sobre los pedidos personales.