Se generó un debate sobre la implementación de controles más estrictos para el ingreso de celulares a las cárceles, con el objetivo de prevenir la continuidad del delito.
En provincias como Santa Fe, se han endurecido las medidas, logrando una notable disminución en la cantidad y calidad de los dispositivos secuestrados.
Se planteó que, si bien los celulares pueden ser útiles para mantener el contacto con familiares, su uso por parte de detenidos podría facilitar la planificación de delitos como estafas o incluso el narcotráfico y sicariato, como se ha comprobado en casos anteriores.