Se argumenta que si las tres medidas cautelares presentadas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU son analizadas, el comité podría revisar la sentencia y la condena de Cristina Fernández Kirchner, obligando a la justicia argentina a acatar su decisión. Los abogados defienden que cualquier decisión del comité es vinculante para Argentina debido a que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos tiene rango constitucional.
Se destaca que la adhesión de Argentina a dicho pacto, tras la reforma de 1994, implica que cualquier tribunal superior, incluida la Corte Suprema, debe acatar las resoluciones del comité, que se encuentra por encima de la Corte Suprema.