Se critica duramente la Ley de Tierras, calificándola como una "venta de la patria" y una entrega de patrimonio argentino a inversores extranjeros. Se recuerda que en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se impulsó una ley similar para proteger la reserva de agua dulce y los alimentos ante el interés de fondos de inversión.
Se cuestiona el modelo de país que busca el gobierno de Milei, al permitir que inversores extranjeros tomen control del territorio sin regulaciones claras. Se compara la situación actual con el debate sobre la soberanía en la Patagonia y se advierte sobre el riesgo de fragmentación territorial.
Se menciona que países como Honduras, España, Inglaterra y Australia están rechazando proyectos de inversión similares, mientras que en Argentina se avanza sin restricciones. Se expresa preocupación por el posible impacto negativo en el valor de la tierra y la pérdida de atractivo geográfico y ambiental del país.