El debate se intensifica sobre si el gobierno de Javier Milei puede ser calificado como una dictadura. Se argumenta que el respeto a la ley y la libertad de expresión son pilares de la democracia argentina, y que el decreto sobre inmigración no implica la deportación por opiniones políticas, sino por discursos de odio.
Se cuestiona la comparación de la situación actual con dictaduras pasadas, argumentando que no existen hechos concretos que respalden tal afirmación. Se defiende que el gobierno respeta los procesos constitucionales y que las leyes se discuten en el Congreso.
Se critica la postura de Leonardo, quien compara la situación con una dictadura, y se le insta a tener respeto por la historia argentina. Se argumenta que el decreto no es inconstitucional y que la excepcionalidad se encuentra en los agravios recibidos por Argentina, especialmente en el contexto del mundial de fútbol.