Se cuestiona la vaguedad del decreto presidencial que prohíbe el ingreso de extranjeros por "mensajes de odio" o ultraje a símbolos patrios, señalando la falta de claridad en la aplicación y la autoridad competente para monitorearlo. Se considera que podría ser una consecuencia de la dinámica de las redes sociales.
Se argumenta que el decreto se asemeja a una "burbuja mediática" o de redes sociales, sin un correlato fáctico sólido, y que su principal objetivo sería político o para "la galería", sin mayor sustento real. Se sugiere que existen leyes previas para abordar casos de discriminación o apología del odio.