Se cuestiona la legalidad del fallo en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, afirmando que no se ajusta a los lineamientos de las leyes argentinas y que fue una causa armada por el juez Claudio Bonadio.
Se debate la vinculación de las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, señalando que, si bien no son mandatorias, pueden generar un efecto político significativo.