Se plantea la contradicción entre la inexistencia de prisión perpetua en Argentina y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Fernández de Kirchner, considerándolo un choque brutal contra la Constitución.
Adicionalmente, se pide una medida cautelar respecto a las condiciones de detención. Rafael Balín, a través de Carlos Beraldi, expresó la necesidad de que se respeten los derechos de la ciudadana argentina y se sometan las acciones de las autoridades a escrutinio internacional.