El debate se centra en la inseguridad y la extorsión en Perú, con la propuesta de Keiko Fujimori de utilizar militares en las cárceles para evitar llamadas extorsivas.
Se cuestiona la efectividad de los militares en la lucha contra la delincuencia, argumentando que esta es una tarea exclusiva de la policía, la cual requiere una remodelación y dotación de medios necesarios.
Se señala que la inseguridad es un problema generalizado en Latinoamérica, sin una solución clara por parte de las democracias de la región.
Se menciona la propuesta de Keiko Fujimori de construir más cárceles para mejorar el control de los centros penitenciarios.