Se debate la aplicación del nuevo decreto presidencial que faculta la expulsión de extranjeros por promover mensajes de odio o discriminación.
Se cuestiona la vaguedad del concepto "mensajes de odio" y se advierte sobre el riesgo de romper familias y la discrecionalidad del poder ejecutivo.
La medida se contrapone a la defensa de la libertad de expresión que pregona el gobierno.