Se debate la constitucionalidad y aplicabilidad del reciente decreto de Javier Milei que busca expulsar a extranjeros que "agredan" a Argentina. La principal preocupación radica en la vaguedad del término "odio" y la falta de una autoridad de aplicación clara.
Expertos señalan que la determinación de si una expresión constituye "odio" o un delito debería recaer en la justicia, no en la Dirección Nacional de Migraciones. Se teme que el decreto pueda ser utilizado para restringir la libertad de expresión y generar un clima de persecución.
La falta de una reglamentación clara y la posible inconstitucionalidad del decreto generan incertidumbre, mientras algunos opinan que la medida, aunque emocionalmente atractiva para algunos, es políticamente una "atrocidad" por judicializar los sentimientos.