Se genera debate sobre la constitucionalidad y pertinencia de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el presidente, especialmente en materia penal.
Un analista señala que el presidente no puede legislar en materia penal mediante un DNU, ya que estas funciones corresponden al Congreso Nacional. Se argumenta que aunque una medida presidencial parezca beneficiosa para la seguridad nacional, no puede contravenir la Constitución.
Se menciona el caso del presupuesto universitario, donde un DNU tuvo que ser retractado por el Congreso. Se enfatiza que los DNU no pueden aplicarse a cuestiones impositivas o penales, y que el Congreso tiene la facultad de aprobarnos o rechazarlos.
Se discute la capacidad legislativa del presidente, quien cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso, y se plantea la pregunta de por qué, ante esta situación, recurre a DNUs en lugar de proyectos de ley.