Se analiza la fragmentación política dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) y la posible disidencia de sus senadores respecto a las decisiones del partido.
Se plantea la duda sobre si el partido tiene la capacidad o la voluntad de sancionar a los senadores que no acatan las directivas. Además, se menciona el reproche de los gobernadores aliados al gobierno, quienes sienten que el Ejecutivo no defiende activamente la ley de tierras que impulsa.