Se analiza la implementación del decreto de necesidad y urgencia que restringe el ingreso y permite la expulsión de extranjeros por discursos de odio. La autoridad de aplicación sería Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad, con el asesoramiento de Santiago Caputo y la instrumentación de María Barzábal Murphy, secretaria de Legal y Técnica.
El decreto ha generado revuelo en la oposición, que busca llevar al Congreso un cuestionamiento por inconstitucionalidad. Constitucionalistas también expresan objeciones respecto a la excepcionalidad de la medida para ser implementada por DNU.
Se plantea la duda sobre cómo se aplicará el decreto, especialmente en casos de discursos ideológicos versus discursos de odio. El gobierno afirma que no se trata de cuestiones ideológicas, pero la falta de reglamentación genera incertidumbre sobre los alcances y la interpretación administrativa.