El debate sobre el decreto presidencial continuó, centrándose en la figura del "discurso de odio" y su posible aplicación a extranjeros. Se cuestionó si este tipo de expresiones deberían ser consideradas un delito y quién tendría la potestad de determinarlo.
Los panelistas coincidieron en que la Dirección Nacional de Migraciones sería la autoridad de aplicación, pero expresaron dudas sobre su capacidad para discernir sobre discursos de odio. Se argumentó que este tipo de decisiones deberían recaer en la justicia federal, no en un organismo administrativo.
Se reiteró la inconstitucionalidad del DNU por supuesta falta de necesidad y urgencia, comparando la situación con medidas de 2023. La ambigüedad del decreto y la falta de una autoridad clara generaron un clima de incertidumbre y crítica hacia la gestión gubernamental.