Se plantea la preocupación de que el decreto sobre inmigración pueda ser utilizado como una "gestapo de la opinión política", transfiriendo competencias de la justicia al Poder Ejecutivo. Se argumenta que esto vulnera el debido proceso y la seguridad jurídica de los extranjeros en Argentina.
Se defiende que el decreto no busca censurar opiniones políticas, sino prevenir discursos de odio. Se sostiene que, incluso si un extranjero incurre en discurso de odio, tiene el derecho de recurrir a la justicia argentina para defenderse, y que el proceso debe ser llevado a cabo con debido proceso.
Se cuestiona la comparación con dictaduras y se argumenta que el gobierno de Milei respeta la democracia y el Estado de Derecho. Se critica la falta de fundamentos para tales acusaciones y se señala que el decreto, al no tener una reglamentación clara, genera incertidumbre sobre su aplicación.