El presidente Javier Milei firmó un decreto que establece que los extranjeros que ataquen a la República Argentina o a los argentinos no serán bienvenidos en el país y podrían ser expulsados.
El decreto, considerado abstracto por algunos, busca regular el ingreso y la permanencia de extranjeros, pero genera dudas sobre su reglamentación y la autoridad de aplicación. Se menciona a la Dirección Nacional de Migraciones como posible organismo, pero se cuestiona si tiene la facultad de determinar delitos como el "odio".
Analistas comparan la medida con acciones de Donald Trump y advierten sobre el riesgo de que se utilice como excusa para expulsar extranjeros arbitrariamente, afectando la libertad de expresión y generando inseguridad jurídica.