Se analiza la validez de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estaría repitiendo normas existentes y violando requisitos constitucionales.
Se argumenta que los DNU solo son permitidos en situaciones excepcionales de peligro grave, inminente e inexorable para el país, y cuando el Congreso no puede intervenir. Se señala que estas condiciones no se cumplen en el caso actual, y que además, los DNU no pueden contener normas penales, lo cual este decreto estaría haciendo.
Además, se critica la retórica de "patriotismo" del gobierno al justificar este decreto, mientras se impulsa un proyecto de ley para eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, lo que se considera perjudicial para el patrimonio nacional.
La discusión también aborda la posible facultad de la autoridad migratoria para calificar mensajes de odio, cuestionando si esto excede sus competencias al no haber intervenido previamente un juez.