El decreto recientemente publicado busca impedir el ingreso al país de extranjeros que promuevan mensajes de odio o inciten a la violencia contra los argentinos. La medida, que se suma a las causales de rechazo de ingreso ya existentes, también podría aplicarse para cancelar residencias temporarias o permanentes.
Se especifica que la Dirección Nacional de Migraciones tendrá la facultad de interpretar qué constituye un "discurso de odio", lo que podría generar controversias y derivar en instancias judiciales. Sin embargo, se aclara que el decreto no afectará el disenso ideológico, la crítica política, académica o ciudadana, respetando la libertad de expresión garantizada constitucionalmente.
Se plantea la duda sobre la constitucionalidad del uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la ley de migraciones, argumentando que este tipo de regulaciones deberían ser tratadas por el Congreso. No obstante, se sostiene que la medida es constitucional al no ser una norma penal y al considerar que la igualdad entre argentinos y extranjeros no es absoluta y puede ser reglamentada.
Se menciona que, al igual que en otros países, se podría impedir el ingreso de personas que hayan expresado opiniones consideradas perjudiciales contra la Argentina. Se hace referencia a casos como el de la cantante Rosalía, sugiriendo que podría serle aplicado el decreto si sus declaraciones previas se interpretan como agraviantes hacia el país.