Se defiende la Ley de Tierras sancionada en 2011, destacando que fue producto de un amplio consenso político y se basó en la protección del agua dulce y los alimentos como patrimonio estratégico de la Nación. Se cuestiona la discusión actual sobre la ley, considerándola un retroceso.
Se argumenta que el límite de hectáreas permitido para la compra de tierras por extranjeros no es una limitación objetiva, y que el margen de negocio es enorme. Se alerta sobre la nueva demanda de tierras en la Patagonia para data centers, vinculada a la inteligencia artificial y la crisis energética.
Se critica al gobierno de Milei por proponer un "estado sin norma" y un territorio tomado por inversores extranjeros, comparando la situación con el supuesto peligro de los mapuches que Patricia Bullrich denunciaba en su momento.