Se cuestiona si un gobernante que emite decretos y pretende expulsar personas por sus opiniones políticas puede ser considerado democrático. Se plantean interrogantes sobre la legitimidad de un presidente que, según se argumenta, "ahoga a los jubilados y a los discapacitados" y no lleva ante la justicia a ministros responsables de muertes.
Se defiende que el gobierno de Javier Milei opera dentro de la democracia, ya que el presidente reconoce la derrota electoral y se somete al proceso. Se afirma que la libertad de expresión está garantizada, siempre que no se incurra en discursos de odio, y que nadie irá preso por tener una opinión política distinta.
Se desestima la comparación con dictaduras, argumentando que el gobierno respeta la división de poderes y el Estado de Derecho. Se critica la utilización de "fake news" y se sostiene que el gobierno no viola los principios democráticos.