Se debate si el gobierno de Javier Milei opera bajo un régimen democrático o si se asemeja a una dictadura. Se argumenta que la existencia del Congreso, donde el gobierno no tiene mayoría y debe negociar con otras fuerzas políticas, es una evidencia de que la democracia funciona.
Se cuestiona la afirmación de que el gobierno gobierna por decretos de necesidad y urgencia sin que exista una situación de excepcionalidad real. Se menciona que la Cámara Nacional Electoral ya se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de decretos anteriores en circunstancias similares.
Se defiende que el gobierno respeta el Estado de Derecho y los procesos constitucionales, ya que las leyes se discuten en el Congreso y se acatan los dictámenes de la Corte Suprema. Se critica la falta de fundamentos para considerar al gobierno una dictadura y se señala que el argumento de que no hay necesidad y urgencia para los DNU es un punto de discrepancia con algunos constitucionalistas.