Se reitera que la democracia en Argentina garantiza la libertad de expresión para todas las tendencias políticas, pero siempre dentro de un marco de respeto y sin que predominen los discursos de odio. Se argumenta que el gobierno de Javier Milei opera dentro de este marco democrático.
Se cuestiona la validez de las comparaciones con regímenes como Cuba y Venezuela, argumentando que estos países ejercen censura política desde el Estado, lo cual no ocurre en Argentina. Se insiste en que el presidente Milei respeta el proceso electoral y la voluntad popular.
Se critica la falta de fundamentos para las acusaciones de censura y se defiende que el decreto sobre inmigración busca prevenir discursos de odio, no silenciar opiniones políticas. Se enfatiza que la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites claros en el discurso de odio.