Se plantea la pregunta sobre si un ciudadano puede obtener la portación de armas, y se discute el caso de Pablo, ex militar y ex policía, a quien se le negó la portación a pesar de haberla tenido previamente.
Se expone la arbitrariedad en la decisión de otorgar la portación, ya que no existen criterios objetivos claros y depende de la discrecionalidad de quien firma la solicitud.
Se menciona que, si bien existen parámetros en la reglamentación sobre transporte de caudales o amenazas públicas, la realidad es que la decisión final recae en el criterio personal del funcionario.