Se critica duramente el decreto que permitiría expulsar a extranjeros por hablar mal del país, considerándolo una barbaridad y una violación a la libertad de expresión, principio que un gobierno liberal debería defender.
Se relata el caso de un ciudadano brasileño que, tras expresar su opinión, se sintió hostigado por integrantes del gobierno y finalmente abandonó el país. Se cuestiona la falta de claridad sobre qué dichos constituyen una ofensa.
Se señala que el decreto blanquea la "basura discursiva" que los trolls del gobierno venían diseminando, y que el presidente se "desnuda" al plasmar estas ideas en un texto oficial.