El gobierno de Javier Milei ha emitido un decreto de necesidad y urgencia que permitiría la expulsión del país a extranjeros que inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino.
Analistas cuestionan la constitucionalidad de la medida, argumentando que modifica la ley de migraciones mediante un decreto y que podría ser vista como xenófoba y clasista, especialmente al considerar que Argentina tiene una baja tasa de inmigración y una política histórica de puertas abiertas.
Se señala que la medida podría ser interpretada como un intento de controlar la disidencia política, ya que el "odio" o la "discriminación" serían definidos por el propio gobierno, abriendo la puerta a la arbitrariedad.