El gobierno argentino ha modificado la ley de inmigraciones mediante un decreto de necesidad y urgencia, con el objetivo de revocar o impedir el ingreso al país de extranjeros que promuevan discursos de odio contra Argentina, o expulsar a aquellos que incurran en lo mismo.
Esta medida, enmarcada en lo que el gobierno ha denominado una "campaña anti-argentina" tras el mundial de fútbol, busca sancionar a quienes inciten al odio o la discriminación contra el pueblo argentino por su nacionalidad.
La decisión ha desatado controversias, con cuestionamientos de constitucionalistas que señalan que la medida debió pasar por el Congreso y que su implementación podría ser compleja, especialmente al distinguir entre posiciones ideológicas y discursos de odio.