Se cuestiona la estrategia del gobierno de Javier Milei de separar lo institucional de lo ideológico, argumentando que el presidente es la máxima autoridad del poder ejecutivo. La agresión y el discurso partidario terminan afectando la esfera institucional.
Se señala que el gobierno oculta una significativa deuda flotante de cinco billones de pesos que no se está pagando a proveedores, provincias y organismos como el PAMI. Esta deuda, que asciende a 15 billones en el semestre, se utiliza para simular un superávit fiscal.