El gobierno argentino ha modificado la ley de inmigraciones mediante un decreto de necesidad y urgencia para revocar o impedir el ingreso al país de extranjeros que promuevan discursos de odio contra Argentina, o expulsar a aquellos que incurran en lo mismo.
La medida, que entrará en vigencia mañana, ha generado controversia. Algunos constitucionalistas argumentan que debería haber pasado por el Congreso y que su implementación es compleja, ya que el gobierno aclaró que no se aplicará a quienes manifiesten posiciones ideológicas sin promover el odio.
El comunicado oficial de la presidencia señala que el decreto busca defender la nación y a sus ciudadanos, afirmando que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país". La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retuiteó el comunicado, sumándose a la postura oficial.