La discusión sobre el decreto de Javier Milei continúa, con énfasis en que la determinación de actos de "odio" o "racismo" debe ser competencia de la justicia.
Se reitera la ambigüedad del decreto y la necesidad de que una autoridad judicial defina estos términos, en lugar de organismos migratorios. Se menciona la posibilidad de que estas acciones puedan derivar en delitos como el racismo o el antisemitismo, los cuales ya están contemplados en el código penal.