El presidente Javier Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia que modifica la ley migratoria, introduciendo nuevas causales para la prohibición de ingreso y expulsión de extranjeros. La medida busca limitar el ingreso de aquellos que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino, sus ciudadanos o los símbolos patrios.
La nueva disposición añade un inciso a la ley de inmigraciones, estableciendo que los extranjeros con antecedentes penales, que hayan participado en fraudes o estafas, ya no podrán ingresar al país o serán expulsados. La medida ha generado debate, con algunos considerándola de sentido común y otros expresando preocupación por su aplicación y alcance.
Se menciona la posibilidad de que esta política migratoria se endurezca aún más, con proyectos para arancelar la educación de extranjeros, lo que también ha generado polémica. La comparación con otros países de la región se hace presente, señalando que algunas naciones son más restrictivas con los extranjeros que Argentina.