El presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia que permite la expulsión de extranjeros que cometan actos de odio, discriminación o violencia contra ciudadanos argentinos, o que ultrajen los símbolos patrios.
La medida, justificada por el gobierno como una respuesta a manifestaciones de hostilidad, ha generado debate sobre su constitucionalidad y la urgencia de aplicarla sin la intervención del Congreso. Se cuestiona la vaguedad de los términos "mensajes de odio" y "violencia", y la dificultad de su aplicación objetiva.
El decreto reforma el artículo 29 de la ley de migraciones, que ya contempla causales de prohibición de ingreso y expulsión por motivos objetivos como causas penales o expulsiones previas. La efectividad y legalidad de esta nueva disposición están en discusión.