Pablo considera que debería establecerse un criterio objetivo para la otorgación de la portación de armas, plasmado en la reglamentación, para que sea una posibilidad para todos los que deseen obtenerla.
Se plantea la reflexión sobre si estos criterios objetivos podrían ser utilizados por cualquier persona, y se subraya que una política de armas en manos de civiles también es una política de seguridad pública.