Se analiza la propuesta de prohibir la financiación espuria del Estado por parte del Banco Central, una medida que busca impedir la impresión de dinero para solventar gastos políticos y que se considera una forma de asociación ilícita. Federico Domínguez explica que imprimir dinero para financiar al Estado es robarle a los tenedores de pesos y que esta práctica inmoral será erradicada.
La reforma también aborda la posible configuración de una asociación ilícita que incluiría al poder ejecutivo, legislativo y al Banco Central, con penas que superarían los seis años. Se busca blindar a las autoridades del Banco Central de los intereses políticos para garantizar la estabilidad monetaria y evitar que el orden fiscal se vea comprometido, lo que afectaría directamente a los jubilados y al sistema político.