Se acusa al gobierno de Javier Milei de intentar controlar la narrativa a través de "difusores del relato libertario", a quienes se les proporcionaría un "libreto" para comunicar mensajes que el propio gobierno no se atrevería a decir. Se critica esta estrategia como una forma de eludir la responsabilidad y manipular la opinión pública.
Se cuestiona la ética del periodismo que se presta a esta práctica, calificándola de "locura" y de atentar contra la división de poderes y la Constitución Nacional. Se argumenta que se está suprimiendo la libertad de expresión y se imponen mandatos por encima de la ley.