La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central propuesta por el gobierno de Javier Milei podría ser inconstitucional, según análisis expuestos en el programa. Se cuestiona la coherencia de requerir dos tercios de ambas cámaras para remover a las autoridades del Banco Central, mientras que solo se necesita la aprobación del Senado para su nombramiento.
Se argumenta que la Constitución Nacional establece que la asignación y remoción de funcionarios deben regirse por las mismas reglas, y que el presidente no puede atribuirse facultades que no le otorga la propia Constitución. La facultad del presidente de nombrar y remover funcionarios se aplica a aquellos que no tienen un régimen específico establecido en la Constitución, como el caso de las autoridades del Banco Central.
Además, se plantea la duda sobre la duración del mandato de las autoridades del Banco Central, específicamente si el nombramiento de seis años se computa desde el inicio del gobierno o desde la fecha de designación individual. Se sugiere que, en caso de reemplazo, el nuevo funcionario cumpliría el mandato restante de su predecesor, aunque el texto exacto de la norma será determinante.