El gobierno de España reafirmó su compromiso con la seguridad y convivencia en Ceuta, destacando las inversiones realizadas en la ciudad autónoma. La reciente avalancha migratoria se vincula a una interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica una decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esta sentencia establece que las repatriaciones en frontera no aplican a quienes ingresan por mar, al no existir una frontera física comparable a las terrestres.
Esta lectura de la sentencia ha sido difundida por mafias de tráfico de personas, generando la masiva llegada de migrantes observada recientemente. A pesar de una tendencia general a la reducción de flujos migratorios irregulares en los últimos años (un 36-37% en lo que va de año y un 40% el año pasado), la situación en Ceuta rompe esta dinámica.
Tras la sentencia, se registró un repunte de llegadas a Ceuta. El Ministerio del Interior ya había previsto la habilitación de un centro de atención temporal (CATE) para agilizar la documentación, el triaje y las repatriaciones de inmigrantes irregulares, en coordinación con el gobierno autonómico.