Se defendió la colegiación profesional como una garantía para los ciudadanos que consultan a un abogado, y no como un interés corporativo. Se explicó que el Colegio Público de la Abogacía, creado por ley, controla la matrícula y las faltas éticas, asegurando que los profesionales sean idóneos y cumplan con la ética.
Se destacó que los abogados son la primera puerta de acceso a la justicia para los ciudadanos, por lo que el control y la regulación de la matrícula son fundamentales para garantizar un servicio de calidad y proteger los derechos de las personas. La eliminación de los colegios profesionales iría en contra de este principio.