El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha expresado su intención de reformar o incluso cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras el acuerdo de 2016 con las FARC. Esta postura genera preocupación entre los firmantes de paz y defensores de derechos humanos.
Se advierte sobre un posible "discurso de odio" y un retroceso en los avances logrados en materia de derechos humanos y apertura democrática. La preocupación se centra en la incertidumbre y el miedo a que se reviertan los logros de la reconciliación.
A pesar de la polarización política, más de 12 millones de personas votaron por el proyecto de izquierda de Gustavo Petro, evidenciando una base de apoyo significativa. La situación de los excombatientes y sus proyectos de reinserción social, como la cerveza "la trocha", también se ven amenazados por la nueva política.