Se discute la necesidad de reponsabilizar al Congreso en la gestión del gasto público y se critica la práctica de otorgar "superpoderes" al Jefe de Gabinete para modificar partidas presupuestarias.
Se enfatiza que la sociedad también debe asumir su rol al elegir a sus representantes en el Congreso. Se menciona la posibilidad de un tironeo institucional lógico y racional entre el poder ejecutivo y el legislativo, centrado en las demandas ciudadanas.