Cristina Fernández de Kirchner busca que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emita una advertencia al presidente Javier Milei. La ex vicepresidenta argumenta que se violan sus derechos civiles y políticos al estar proscripta e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
Sus abogados sostienen que la inhabilitación perpetua es arbitraria y que no existe un precedente similar en el mundo. Sin embargo, se recuerda que la condena y la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia ocurrieron durante la gestión de Milei, y que la inhabilitación es una consecuencia del delito de administración fraudulenta.
La defensa de Kirchner también apela al "machismo estructural" como argumento, pero se desestima al señalar que los jueces y fiscales involucrados en su caso fueron designados por ella misma. Además, se interpuso una medida cautelar para completar la Corte Suprema, lo cual es potestad del Poder Ejecutivo y el Senado.
Se analiza la estrategia política de Kirchner, que podría buscar perjudicar al peronismo y a Axel Kicillof, o beneficiar a Milei en una futura candidatura. Se destaca que la inhabilitación y la prisión domiciliaria son consecuencias legales contempladas en el código penal.