Se cuestiona la constitucionalidad del DNU sobre régimen migratorio, argumentando que viola la libertad de expresión y el derecho a la disidencia política. Se alerta sobre la concentración de poder en el ejecutivo y la posible violación de la supremacía de la Constitución Nacional.
Lucía Galopo, del CELS, expresa preocupación por la discrecionalidad en la aplicación del DNU y el riesgo de que se utilicen criterios subjetivos para determinar quién puede ser expulsado del país. Se enfatiza la peligrosidad de otorgar al Estado la facultad de decidir sobre la permanencia de los inmigrantes basándose en sus expresiones.