Se debate el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la modificación de la ley de migración, el cual ha sido calificado de inconstitucional por sectores de la oposición. La postura oficial es que la autoridad de Migraciones tiene la facultad de decidir quién ingresa al país, basándose en criterios como domicilio, pasaje de regreso, o antecedentes.
Se planteó la preocupación por declaraciones públicas que tildan a Argentina de racista, argumentando que esto podría desestabilizar la convivencia. Se considera que esta situación es temporal y que la tensión disminuirá.
Patricia Bullrich opinó sobre la gestión de Migraciones, sugiriendo la creación de una policía de inmigraciones con poder de policía, ya que los actuales agentes son civiles. Considera que el sistema actual es ineficiente y que la transferencia de Migraciones al Ministerio de Seguridad busca fortalecer el control.